¿Mecanismo de participación o delito?

Cara A. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de decir que no hay delito en el escrache realizado a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que es “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil”, es decir un ejercicio de libertad de manifestación que todos los ciudadanos tienen cuando se ven intimidados y acosados por los gobiernos y sus injustas leyes.

Cara B. Como al dueto de la cruz y la porra, formado por Ruiz Gallardón y Fernández Díaz, no les gusta lo que oye deciden cargarse la cara A y poner letra y música de su propia cosecha.

En el post “Una cuestión de fe” del mes pasado ya lo anunciaba, pero en el Auto de la Audiencia que hoy recogen los medios se hace perfectamente visible lo que se pretende. Escraches, manifestaciones, rodear el Congreso, han sido hasta ahora hechos punibles cuando iban acompañados de intimidación o violencia pero no cuando se ejercía el derecho de forma pacífica. Eso es lo que entienden los jueces y así lo manifiestan una y otra vez en sus autos y sentencias. Naturalmente, esto no gusta a nuestro dueto, que no entienden de libertad ni de participación ciudadana más allá de las procesiones, y en un ejercicio de desprecio a la democracia, al respeto por las división de poderes y al derecho a la discrepancia que tienen los ciudadanos, deciden quitar de en medio a los jueces y ser ellos mismos los que sancionen las acciones que no les gustan. Si el juez no me da la razón, no me sirve, es lo que han pensado estos representantes de la iglesia medieval. Y de paso lo venden como algo bueno, porque siempre es mejor una sanción administrativa que una penal, dicen. Lo que no dicen es que en la actualidad casi nunca hay condena penal porque no se dan los supuestos de violencia o intimidación o no existen las necesarias pruebas para condenar, y tampoco dicen que cuando se aprueben los cambios que quieren imponer bastará con que un policía diga que le has mirado mal para que automáticamente te caiga una sanción de hasta 600.000 euros, dependiendo de si el policía pone en el parte que le has mirado mal o que, además, te has movido cuando iba a darte con la porra.

Esta reforma hay que pararla, no tiene cabida en estos tiempos, hay que impedir que los de la cruz y la porra se carguen la presunción de inocencia, usurpando a los jueces su legítima función. Si, se podrá recurrir al juez cuando te llegue la sanción, pero primero tendrás que pagar y si recuperas tu dinero será después de muchos sabañones porque te habrás quedado sin casa y sin medios para calentarte. No conozco a ninguna familia que pueda permitirse el lujo de pagar las sanciones previstas en esta la ley de (in)seguridad ciudadana. No sé si se trata lisa y llanamente de una intimidación, de un acto miedoso y cobarde contra una libertad que les asusta y no entienden, o se están poniéndose la venda ante lo que pueda pasar si la gente se cansa de tanto atropello y mamoneo. Lo que hoy para la Audiencia Provincial es “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil”, para el PP mañana, si se aprueba esta ley, será una infracción que llevará a la ruina al participante en el escrache y a su familia. Inaudito e intolerable.

Esta reforma, con ser gravísima, no es más que un grano de arena en el desierto en que están convirtiendo este país. Basta de atropellos y basta de criminalizar a los que no piensan como ellos. O despertamos a tiempo o cuando abramos los ojos no habrán dejado ni el solar.