Una cuestión de fe

La fe es algo que se tiene o no se tiene, se cree o no se cree. Para la religión, inventores del dogma, es algo que no admite discusión. De ahí que los que se apartan de la fe quedan automáticamente  excluidos del club, sin derecho a gozar de los privilegios en el otro mundo que otorgan a los creyentes los intérpretes de la voluntad divina.

Con la democracia pasa lo mismo, se cree o no se cree. El problema es que en cuestiones terrenales no tenemos esos intérpretes de la doctrina que nos digan en cada momento lo que está bien o lo que está mal y, sobre todo, quién se aparta del camino recto y quién permanece en él. Pero a pesar de estas carencias, si rascamos un poco podemos llegar a saber dónde estamos en cada momento.

Uno de los pilares básicos de la democracia es la separación de poderes, cuanto más independiente es cada una de las tres patas que soportan nuestro Estado de Derecho mejor será el diagnóstico. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial serían los órganos que todo buen médico debería examinar para comprobar nuestro estado de salud democrático. Por supuesto, es fundamental que los tres funcionen bien y de forma coordinada, pero sin que se interfieran entre ellos y  ninguno asuma competencias que no le corresponde.

Si nos fijamos en España, comprobamos que el poder legislativo está totalmente controlado por el ejecutivo, no hay diferencia entre uno y otro. El gobierno controla la labor legislativa y la ejecutiva, el control parlamentario, las comisiones,... lo que se dicta desde el gobierno la mayoría parlamentaria lo asume como si fueran los mismísimos mandamientos. Alguien podría decir que esto es un problema de mayorías, cuando se tiene mayoría absoluta es lo normal. Pero no, es un problema de fe, de creer o no creer en la democracia; el hecho de que la mayoría te dé poder para interferir en otro de los poderes del estado no significa que debas hacerlo, y si lo haces será por tu poca fe en esos mismos pilares en los que luego quieres basar tu poder. Si tuviésemos lo que tienen las religiones, el actual gobierno habría perdido sus privilegios y estaría a punto de ser excomulgado por su falta de fe.

Pero sigamos con el diagnóstico. Por eso de las mayorías absolutas o relativas, el gobierno pretende y consigue también, de forma indirecta, el control del poder judicial. Mediante los adecuados nombramientos, primero se encarga de asegurarse fidelidades en el Tribunal Constitucional en número suficiente como para garantizar que los recursos de inconstitucionalidad que vaya llegando tengan el adecuado recorrido, y luego se asegura lo propio en el Consejo General del Poder Judicial para poder controlar las más altas instancias judiciales: el Tribunal Supremo. Todos los designados, ilustres personalidades del mundo del derecho, pero también amigos de la casa para que la relación sea más fluida y provechosa.

Ya tenemos bajo un mismo manto el poder ejecutivo, el poder legislativo y una parte del poder judicial.

Continuemos, que no hemos cerrado el círculo y quedan algunos pequeños flecos que es importante no perder de vista. Si nos fijamos en la reforma que el gobierno del PP quiere hacer del Código Penal y en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, veremos que desaparece el Libro III del primero, relativo a las faltas, y a pesar de la gravedad de algunas sanciones del proyecto quedan extramuros de la justicia ¿Qué quiere esto decir? Que el control de las faltas y de todo lo relativo a manifestaciones, protestas o disidencias con la gestión del gobierno, ya no pasará por el juez de turno, siempre proclive a pedir pruebas que la policía no puede aportar, sino que serán sancionadas directamente por la administración, por el gobierno, sin el previo control judicial. Cambiamos la presunción de inocencia que da la cobertura de la justicia, por la presunción de culpabilidad que ampara a las sanciones administrativas. Cambiamos la garantía del juez por la notificación seguida del embargo. Todo limpio y aséptico.

Círculo cerrado. Los tres poderes en las mismas manos. ¡Viva Montesquieu!

En 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz y se instauró por primera vez la separación de poderes. Hoy, doscientos años después, damos un triple salto mortal y volvemos a la época de Pepe Botella. Y es que hay quien, después de tanto tiempo, siguen sin creer ni en la separación de poderes ni en la democracia. Cuestión de fe, se cree o no se cree.