La flexiguridad, un invento danés que al parecer gusta a la mayoría de los interlocutorios sociales, es la combinación de la flexibilidad que reclaman los empresarios y la seguridad que demandan los trabajadores. Básicamente el sistema se articula en base a una mayor flexibilidad a la hora de contratar y despedir trabajadores, para que los empresarios puedan adaptarse de forma inmediata a las necesidades del mercado, combinado con un potente sistema de protección social, como políticas activas de reinserción laboral o con importantes dotaciones presupuestarias para la formación permanente de los trabajadores, sin olvidar una Seguridad Social que cubra todas las necesidades del trabajador.
La idea no parece mala y, con más o menos alegría, todos la defienden, desde la CEOE o la Unión Europea hasta el Movimiento 15M han pedido su implantación.
El problema es que hay todavía muchas cuestiones en el aire, muchas tradiciones arraigadas y poco dinero para llevarlo a cabo.
Efectivamente, el principal problema que plantea este sistema es el alto coste que tiene su implantación y el reparto del mismo. Bueno, lo de reparto es un eufemismo porque todos sabemos que los dineros siempre salen de los mismos bolsillos, y ahí es donde esta el quid de la cuestión y el por qué el empeño de algunos sectores en demandarlo ahora. Precisamente ahora que es cuando están peor las arcas, cuando menos dinero tiene el Estado y menos Estado reclaman algunos (ya sabemos, lo de menos Estado depende para qué, que cuando es para reclamarle la pasta todos nos apuntamos y hasta se lo exigimos).
No sé, pero me da cierto miedo. Este mundo ideal en el que todos podemos vivir felices no me termina de cuadrar; ya sé que soy un antiguo y que soy uno de esos de tradiciones arraigadas, y también sé que en toda negociación, si está bien llevada, todos tienen que ceder algo, y siempre hay una parte que cede más que la otra, aunque también hay ocasiones en que todo lo aportan los que están a un lado de la mesa. La cuestión del despido, por ejemplo, habría que ver con cuanta indemnización y en qué condiciones; o el coste de la formación a quién le corresponde, porque no es lo mismo formar a un desempleado, que entiendo que le correspondería al Estado, que la obligatoriedad de formar a los trabajadores dentro de la empresa, algo prácticamente insólito en nuestro panorama.
En fin, que sobre el papel me parece bien pero me preocupa el detalle.
Pero en cualquier caso, y mientras llega de verdad este invento, creo que lo importante es que los que tienen que decidir no deberían confundir la flexiguridad con la desregulación de las relaciones empresario-trabajador. Como decía Lacordaire, religioso de la Orden de los Predicadores, abogado y catedrático de la Universidad de Paris a principios del siglo XIX, al referirse a la falta de normas en las relaciones desiguales, “Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, la ley libera”. Dejar libertad a las partes para que decidan lo que más les conviene es volver al contrato del Código civil y a la negación de sus derechos a la parte más débil.
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