Desde ayer ya tenemos en el BOE el Real Decreto Ley por el que se reforma, una vez más, la legislación laboral.
Lo primero que sorprende es la declaración de intenciones de la reforma, en el sentido de que “aporta más flexibilidad a las empresas sin que los trabajadores pierdan seguridad”. Yo, que vivo entre el Olimpo y la tierra y a veces me quedo colgado en el limbo, no logro entender del todo esa afirmación porque, desde mi modesta opinión, la frase encierra dos conceptos totalmente opuestos e incompatibles.
Que prevalezca el convenio de empresa sobre el convenio provincial, o que las FUTURAS pérdidas transitorias puedan justificar un ERE, o que cualquier empresa pueda aplicar el descuelgue salarial, dan idea de lo que se quiere decir cuando se habla de flexibilidad, pero no casa muy bien con el de seguridad.
Pero en fin, no quería hoy hablar de las reformas que se van a llevar al Congreso, sino al por qué de la legislación laboral y a la necesidad de su existencia.
En su origen, el Derecho laboral surgió como un contrapeso al enorme poder de las empresas que imponían sus condiciones a los trabajadores con horarios interminables y salarios de miseria. Era evidente que el trabajador, al negociar con la empresa sus condiciones de trabajo, no estaba en un plano de igualdad, teniendo que aceptar lo que de forma “generosa” le ofrecía el patrón, sin otra opción de aceptar lo que se le proponía porque había que comer.
A partir de los comienzos del siglo XX se empezó a legislar en esta materia, precisamente para garantizar a los trabajadores unos mínimos a partir de los cuales la empresa no podía descender. Y así se han ido adquiriendo derechos, que no privilegios, a lo largo de los años.
Por eso, de la misma manera que se legisla en materia de derechos del consumidor o de cualquier otro derecho, es necesaria la legislación laboral, para que cuando las partes se sientan a negociar puedan hacerlo en un plano de igualdad, evitando el poder exorbitante de uno de los contratantes.
Y esto es precisamente lo que se está eliminando, la igualdad de armas en la negociación. Porque el convenio de empresa, en detrimento del provincial, las nuevas condiciones para poder presentar un ERE, por mucho que se intente solapar bajo el paraguas del “plan de acompañamiento social”, o el descuelgue salarial, que permitirá a cualquier empresa negociar directamente con el trabajador, no es más que un paso atrás en materia de derechos del trabajador. Es una conquista más de una de las partes en detrimento de la otra.
Sólo espero que cuando se haya terminado con los derechos de los trabajadores, alguien empiece a evaluar el nivel de nuestro empresariado y podamos analizar con frialdad el por qué estamos como estamos. Y tal vez descubramos que entre tantos empresarios, buenos, que los hay, abundan los especuladores sin escrúpulos, que tanto daño hacen al empresariado, a los trabajadores y a la sociedad.
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