El pasado 1 de julio, hace ya una eternidad, en el post titulado "Flexiguridad", citaba a Lacordaire, religioso de la Orden de los Predicadores, que decía sobre la legislación laboral “Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, la ley libera”. Aunque parezca increíble, Lacordaire vivió en el siglo XIX, época en la que la falta de regulación de las relaciones laborales hacía que las condiciones fueran muy parecidas a la esclavitud. Hoy, dos siglos más tarde, el gobierno del PP pone las bases para volver a una época que creímos superada. Nada tienen que ver la crisis ni la marcha de la economía, porque éstas han sido simplemente la disculpa perfecta para que los actuales dirigentes, por fin, se hayan atrevido a legislar de acuerdo con su auténtica ideología, que está mucho más cercana a la época de Lacordaire, donde el “amo” imponía sus condiciones, que a la actual, donde el trabajador es (¿era?) una parte importante de la estructura laboral. Mano de obra barata, servil y adaptable a las necesidades que en cada momento imponga el empresario, sin que a éste le sea exigible ninguna obligación. Libertad para contratar, libertad para despedir, libertad para organizar; y mientras, para que luego no se diga, al trabajador le quedará la libertad de poder elegir entre comer poco aceptando las condiciones del empresario o no comer.
Pero bueno, que nadie se eche las manos a la cabeza que todo tiene remedio. Desde la izquierda hay quien apunta que la reforma tiene aspectos que pueden ser inconstitucionales, por lo que de persistir en su actual redacción será llevada al Tribunal Constitucional. Estupendo, menudo consuelo. Sólo hay que recordar que la Ley de matrimonios entre personas del mismo sexo fue llevada a tan alto Tribunal por el PP en el año 2005, sin que hasta el momento se haya pronunciado. Ole por la justicia. Y eso que hablamos del Constitucional, órgano supremo de interpretación de las leyes.. (Por cierto, en esta materia también el PP anteponía sus creencias religiosas a cualquier otro aspecto que los nuevos tiempos han ido marcando.)
Creo que quedan pocas alternativas a las pretensiones de desregulación del mercado laboral que quiere imponer el PP, y esas alternativas pasan, tendrían que pasar, por marcar una línea que jamás debería traspasarse. Lo suyo sería que todas las partes implicadas, gobierno, patronal y sindicatos, se sentaran para establecerla, para marcar el mínimo a partir del cual se podrían encender las alarmas. Si no se hace así, cada cual pretenderá marcar su línea en un sitio diferente y la confrontación estará servida. La crisis sólo debería servir para que todos naveguemos en una misma dirección, no para imponer ideologías o creencias ya desterradas. Todo, por supuesto, con el permiso de los mercados.
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